La infame justicia jalisciense

Desde luego que con sus muy honrosas excepciones, esta convertido en un supermercado, desde la presentación de una demanda, ya que si el actor tiene preferencia por algún juez en particular, el turno a ese juez tiene un costo y dependiendo del monto, tiene otro, para que ese juez admita la demanda, es otra cantidad, para hacer la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, es otra cantidad, para seguir el trámite, tiene otro costo, ya que no se dictan los acuerdos consecutivamente, sino que con algún estímulo económico al notificador y al secretario que le toque el asunto de acuerdo al ultimo numero que se le haya asignado al expediente, para el dictado de la sentencia, de acuerdo al sentido que la pretendan las partes, desde luego se atiende al mejor postor, para que la sentencia le beneficie a este.

Para el turno de la demanda al juez de preferencia, hay que buscar el enlace que tiene el consejero responsable de la oficialía de partes común, que turna las demandas nuevas de acuerdo al tipo de juicio y monto económico, que es el que fija la tarifa, que de no hacerse esa gestión, caerá a cualquier otro juzgado, si el consejero no tiene mayor interés, pues todo lo antes señalado es del total conocimiento del pleno del consejo de la judicatura, sin ninguna consecuencia, que en los juzgados de lo civil y de lo familiar que también dependen de dicho consejo, es otra situación verdaderamente grave y trágica, porque se manipulan de una manera dolosa y de mala fe, en particular los intereses de los menores, que muy al margen del género, interviene el factor económico que de alguna manera se extorsiona al proveedor, fijando pensiones alimenticias muy distantes de la proporcionalidad, de acuerdo al salario que devenga dicho proveedor a grado tal de serle imposible tener lo suficiente para su subsistencia ya que si bien es cierto que es combatible esa medida, también lo es, la lentitud con que se resuelven los asuntos tanto en primera como en segunda instancia y mas aun, que en estos tiempos que se han incrementado de una manera exagerada la demanda de justicia en esta materia, que hoy por hoy, que la justicia federal prácticamente esta denegada, porque igual que la justicia estatal, ahora están al frente de los juzgados de ese fuero, así como de los tribunales colegiados, gente totalmente incapaces, que por el azar accedieron a esos cargos, a grado tal que los menos deshonestos, reconociendo su ineptitud, han renunciado a esos cargos, poniendo al país en una situación caótica en materia de justicia.

En materia penal, que aunque es muy precaria la procuración de justicia y por ende la ministración, donde también hay personajes en el medio del gobierno estatal que inciden de una manera evidente y que es del conocimiento publico en general como y quienes son tales personajes que lucran de una manera extrema aunque sean los pocos procedimientos penales que esporádicamente llegan a los juzgados, en los que también se inducen los que representan un interés económico, que luego se presta para la manipulación y la corrupción, igual que las demás materias y que en dichos procesos, ni tan siquiera se cumple con los horarios señalados para el desahogo de las audiencias y que con la mas desbordado autoritarismo se atrasan o se adelantan las diligencias y en especial no se da cumplimiento constitucional de publicidad, pues normalmente no se permite el ingreso al público a presenciar el desempeño del funcionario judicial que por el solo hecho de serlo se permite esas libertades y que motivan la corrupción, que también pareciera que esta naturalizada en el poder judicial, ya que en particular los asuntos se resuelven por consigna y no conforme a las constancias de las actuaciones y que esto sucede tanto en la primera como en la segunda instancia, que con mucha dificultad se da la honrosa excepción de magistrados y jueces honestos.

Todo esto sucede por la tolerancia tanto de los encargados de vigilar el desempeño de los servidores públicos como el de los colegios y asociaciones de abogados que existen en la entidad, que el callarlo nos hace cómplices de tales hechos. Es momento, por demás urgente, para que hoy que se viene la reforma del poder judicial, hagamos lo propio para impedir que continúe la anarquía en este ramo del poder que cobardemente y de la manera más irresponsable se ha permitido.

Dr. Luis Octavio Cotero Bernal.
Director del Observatorio Académico de Seguridad Pública y Administración de Justicia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo académico UDG-CA-611 integrado, entre otros, por la Doctora Angélica Jesús Ceceña Altamirano, Doctor Alfonso Partida Caballero, Doctora Alicia Livier Estrada Gutiérrez, con línea de investigación Paradigmas de la Justicia en México. locb15@hotmail.com