Un crimen oficial
Los tres poderes del gobierno del estado de Jalisco, incluidos algunos gobiernos municipales, el artículo 146 dispone que comete el delito de abuso de autoridad según la fracción IV del Código Penal del Estado; expresamente dice que se comete el delito de abuso de autoridad cuando se ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la del Estado, se le impondrá de uno a cinco años de prisión.
Muy al margen de lo que dispone el artículo 7 de la ley de Servidores Públicos y los Municipios, que es una disposición por demás inconstitucional y por ende inobligatoria, en virtud de que fija reglas inconstitucionales al condicionar para obtener la base laboral en el gobierno un mínimo de antigüedad de 6 años 6 meses y que además ya ha sido declarado así por tribunales colegiados de este circuito, no obstante todo lo anterior, sistemáticamente generando una inestabilidad laboral y utilizándose para exigir y condicionar al trabajador para efectos de renovar el contrato de trabajo que cada mes y durante ya más de 10 años, ha sido esta conducta sistemática de los responsables de los tres poderes de gobierno y de los municipios generando una criminal inestabilidad laboral que conduce un manejo indecoroso e indebido de parte de los superiores inmediatos de esos empleados que sirven al Estado para cuestiones indebidas personales u oficiales, que además inducen a la corrupción en virtud de la incertidumbre laboral. No obstante que el trabajo, además de ser un derecho natural, es constitucional, constituye el presente y futuro del individuo, la sociedad y de una nación, y que, como reza el artículo primero de la Carta Magna, el Estado tiene la obligación de promover y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad, aunado a lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución local que somete a las reglas de la federal a la propia del Estado.
Todo lo anterior, no obstante, la protesta de ley que al asumir el cargo todo servidor público ha protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que de ella emanen.
Por estas razones expuestas, es deber de toda la sociedad denunciar ante todos los organismos propios del Estado, ante la sociedad en general y los Órganos Internacionales, de acuerdo a los tratados suscritos por el gobierno mexicano, sin demora alguna, pues, aunado a una violación sistemática de los derechos humanos y las demás leyes, es urgente combatir estas conductas que constituyen, ante la impunidad absoluta, la delincuencia organizada oficial, por lo que hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad, académicos y profesionales, a que se manifiesten en contra de semejantes ilícitos permanentes que afectan a la clase trabajadora y no política que hace realidad la existencia de un Estado. Vamos, mexicanos, es responsabilidad de todos.
Guadalajara, Jalisco.
Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio académico de justicia y seguridad pública de la división de estudios jurídicos de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo académico UDG-CA-611 integrado entre otros por la Dra. Angélica Jesús Ceceña Altamirano, Dr. Alfonso Partida Caballero, Dra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez con línea de investigación Paradigmas de la Justicia en México.